La semana próxima tendrá lugar la investidura del presidente de la Diputación General de Aragón, que asumirá Marcelino Iglesias. También en los próximos días se cerrarán las negociaciones, o se habrán cerrado ya, para la distribución de competencias y atribución de áreas en el consistorio oscense. Hoy lo hacía la Diputación Provincial, en la que renueva presidencia Antonio Cosculluela que suma los votos mayoritarios de su propio partido y los de PAR y CHA, que participarán en las labores de gobierno. Esta es la noticia de cada día, después de las elecciones autonómicas y municipales cuando ya se han asimilado para bien o para mal los resultados. Y en el marco calculado de una cierta vaguedad, se van conociendo las líneas generales y los proyectos "estrella" de los nuevos o renovados responsables, casi siempre seleccionando los puntos más destacados del programa electoral, salvo cuando la conformación de gobiernos de coalición obliga a introducir cambios en las prioridades. Y la situación  se repite por toda la geografía española, abandonando los rifirrafes poselectorales que no han sido infrecuentes. Al fin de cuentas, a los electores les interesa la política real, la de "cosas", como se dice.
El caso es que, finalizada la etapa de promesas electorales, se hará necesario que los rectores de nuestras instituciones se planteen, no solo la ejecución de tales promesas, sino actuaciones a más largo plazo, si no quieren ver agotado su proyecto político.
El Gobierno de Aragón ha realizado en los últimos ocho años una apreciable labor política que ha sido reconocida en las últimas elecciones. Aparte de asumir y gestionar con acierto las trascendentales competencias de Educación y Sanidad, ha llevado adelante proyectos sustanciales, como es la red de centros logísticos con PLAZA como buque insignia, la ciudad del motor de Alcañiz, la puesta en marcha de Dinópolis y Pirenarium y ampliación de la red de hospederías, como la de San Juan de la Peña, el fomento y dirección de la descentralización universitaria, el avance en la ejecución del plan de carreteras y la actuación en materia de viviendas de protección oficial, la gestión de la Exposición 2008, el impulso y aprobación del Estatuto de Autonomía...Son todos importantes hitos en un proceso de desarrollo innegable.
Otro tanto podría decirse de los ayuntamientos más importantes de la provincia que tienen en su haber importantes realizaciones y proyectos en trance de ejecución, como son los casos de Fraga, Jaca y Barbastro.
Pero hay que huir de una autocomplacencia excesiva porque el futuro de las comunidades hay que diseñarlo con tiempo para que no caduque la tendencia de crecimiento equilibrado social y territorial, objetivo que debe guiar toda política con inspiración ética y resultados provechosos. Las cifras macroeconómicas de producto y renta no deben oscurecer la realidad de una sociedad desigual que, sin el apoyo de las instituciones, tenderá a ser más desigual todavía, más injusta.
La coalición de gobierno que ha dirigido los destinos de Aragón en los últimos ocho años puede anotarse una acción política reequilibradora, con un peso notable de las políticas sociales sin afectar a las inversiones de capital en las infraestructuras; pero nadie puede desconocer que el esfuerzo presupuestario para poner a punto la Expo Zaragoza 2008, tanto del gobierno central como del autonómico, ha desviado fondos necesarios para seguir con fuerza las políticas de reequilibrio. Y no hay que quejarse, porque en medida variable el acontecimiento que beneficiará especialmente a Zaragoza también alcanzará en alguna medida al resto del territorio. Pero, al término del evento, hay que retomar las acciones políticas redistributivas y las inversiones que relancen el desarrollo de las zonas marginales de la región, especialmente de las más alejadas del centro geográfico y poblacional de la conurbación zaragozana.
Dentro de muy poco estará concluida la autovía Mudéjar y en obras las de Lérida-Huesca, que también tendrá varios tramos de aquí a Pamplona en ejecución; la alta velocidad aproximará Teruel y Valencia a todo el resto del territorio aragonés; se habrá iniciado la autovía de Lérida a Viella y el desdoblamiento de Zaragoza a Caspe. Muchas otras obras que son competencia de la Comunidad estarán en marcha. En esta situación se hace necesario que el Gobierno de Aragón impulse otras obras en el ministerio de Fomento, como la terminación de la N-260 y la autovía entre Barbastro y Benabarre, bien por Estadilla o desde la inmediaciones de Monzón: habría que encargar al menos un estudio informativo. Hay que seguir insistiendo en el Canfranc y avanzar en la modernización o nueva construcción de los tramos de ferrocarril que puedan servir a esta vía o, en su momento, para la travesía central de Pirineo, que llegará a conseguirse; la terminación del eje Tudela-Ejea-Sariñena, este competencia de la D.G.A.; etc.
Pero también hay que lanzarse a actuaciones menos espectaculares, pero no menos importantes: impulsar la industrialización agraria que aquí solo alcanza todo su valor añadido en los vinos y algunos productos cárnicos; proteger la ganadería con especial énfasis en la extensiva; formular una política de desarrollo turístico y urbanístico que asegure el desarrollo sostenible; seguir en la modernización de regadíos y con el desarrollo de proyectos languidecientes como los regadíos de la Hoya. Son todos proyecto de larga andadura que necesitan un impulso tenaz y renovado. El discurso de investidura de Marcelino Iglesias nos dará la respuesta en la exposición de su programa, pero no es ocioso plantear desde aquí todas estas necesidadess y muchas más que se dejan para otra ocasión.